En Colombia se habla mucho del asesinato de líderes sociales, debido sobre todo al brusco aumento de las cifras de muertes de estos activistas luego de la firma del acuerdo para la terminación del conflicto armado; pero al parecer muchos ciudadanos no tienen claro qué hacen, por qué los amenazan tanto y por qué los matan. Al parecer solo hacen parte de estadísticas frías emitidas por el gobierno, sin historia, sin contexto. No obstante, las razones que ocasionan estos asesinatos están estrechamente ligadas a una larga historia de despojos, injusticia y desigualdad, la cual merece ser conocida para entender la amplitud y gravedad de este problema.

Colombia es un país que desde los días de su fundación ha tenido problemas con la distribución y concentración de la tierra. Como bien lo explica Marco Palacios en una de sus obras [1], resultado de una exhaustiva investigación histórica, desde la colonia las tierras en Colombia se distribuyeron de forma muy desigual. Las haciendas se consolidaron como una forma de propiedad de grandes extensiones en manos de ciertas familias, excluyendo al campesinado, vinculado solo como mano de obra. Durante el siglo XIX, en la era republicana, se mantuvo esta misma estructura, reforzando la concentración de la tierra debido a que se podían tener propiedades ilimitadamente extensas. Los grandes propietarios entraron en conflicto con los pequeños y la única alternativa para muchos campesinos sin tierra fue la de emplearse como mano de obra en las grandes haciendas y cultivar «con permiso», para subsistir. Además, durante los gobiernos liberales se propuso la disolución de los resguardos indígenas y sus tierras comunales, con el fin de «integrarlas al mercado». [2]

Debido a estos conflictos, para evitar ser desposeídos y defender sus territorios, muchos campesinos se unieron en organizaciones sociales como la ANUC [Asociación Nacional de Usuarios Campesinos] fundada en 1967 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Este fue uno de las muchos colectivos que crearon los campesinos y los indígenas, pues no tenían acceso a la participación política. Los partidos políticos tradicionales habían logrado excluir a toda otra opción, porque además de que sus miembros y fundadores pertenecían a las familias más ricas y poderosas, gracias en parte al sistema electoral establecido por la constitución de 1886 [unipersonal, mayoritario y a una vuelta] solo los dos partidos más grandes podían acceder al poder. Las comunidades nunca iban a ser escuchadas [3]. Además es importante recordar que las minorías tenían un reconocimiento muy precario en esa carta constitucional.

Una de las mentiras instaladas en la mentalidad colombiana [sobre todo por parte del discurso de odio uribista] es que los hacendados han conseguido sus tierras «a base de trabajo». Lo que ponen de presente muchas investigaciones, es que ESO ES FALSO. Las tierras se acumularon a través de artimañas, de la violencia o del despojo. A las entregas iniciales de grandes terrenos durante la fundación de la república, se sumaron las fallas estructurales en los instrumentos de la política de tierras, los cuales representaron ventajas para su acumulación rentística. De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica estas fallas favorecen desproporcionadamente a las élites de cada región, quienes controlan la administración y de esta manera perjudican al campesinado que lucha por tener derecho a la propiedad [4].

Esta situación ha sido ampliamente documentada por la academia en Colombia, lo cual no ha sido una tarea fácil. Muchos investigadores sociales que han dedicado su vida a hablar con campesinos, a registrar y analizar sus realidades a través de fotos, relatos, entrevistas, archivos, títulos de propiedad, etc, han sido amenazados y asesinados por «meter sus narices donde nadie debe mirar». Alfredo Correa de Andreis fue víctima de esta persecución debido a sus investigaciones académicas. Y lo fue también Chucho Bejarano. A ellos les costó la vida hacerse la misma pregunta que motiva esta reflexión: ¿Qué hace que haya comunidades que decidan protestar? ¿Qué mueve a la gente que decide liderar procesos de reivindicación? De hecho, los que están en la primera linea de fuego son quienes, cansados de no ser reconocidos por la ley ni la justicia, levantan su voz para pedir al Estado que los proteja del desplazamiento. Los asedian por querer saber por qué les quitan la tierra con papeles fraudulentos, ¿Por qué se favorece a empresas y se les presiona para venderles? Algunos decidieron tomar las armas a mediados de los años 60’s para defenderse de la respuesta del gobierno [bombardearlos como hizo el abuelo de Paloma Valencia, el presidente Guillermo León Valencia], otros decidieron resistir pacíficamente, a costa de una persecución sangrienta. Sobre los que tomaron las armas haré otra reflexión posteriormente, porque los que importan aquí son aquellos que decidieron resistir a cara descubierta, al frente de sus comunidades, ante los ataques de terratenientes o empresarios ávidos de apoderarse de sus tierras o quitarlos del camino. Entre 1985 y 1990, luego de una prolongada resistencia, se logró un acuerdo para cambiar la constitución y otorgar derechos largamente pedidos. No obstante los asesinatos no se interrumpieron [5].

Durante el período de crecimiento paramilitar [de 1985 a 2005], aumentaron exponencialmente los despojos y los desplazamientos [6]. Y al genocidio político de la Unión Patriótica se sumaron numerosos asesinatos de líderes como los de Kimy Pernía o Eudaldo Díaz. Ninguna justicia llegó durante esos 10 tenebrosos años. La tasa de asesinatos [políticos] no ha sido tan alta en ningún otro momento como en ese lapso. Los acuerdos de Ralito, del año 2003 y la consecuente desmovilización de los grupos paramilitares, conllevaron a un descenso de las masacres y asesinatos, que sin embargo no cesaron; más bien se centraron en líderes reclamantes de tierras despojadas y en defensores de derechos de todo tipo. Se concentró una gran esperanza en las negociaciones de paz con las FARC iniciadas en 2012 y que finalizaron con el acuerdo de paz de la Habana de 2016, para poner fin al conflicto armado que por más de 60 años ha arrasado el país. Sin embargo, posterior a su firma, y si bien se registró una importante disminución de las muertes, los asesinatos por razones relacionadas con el conflicto armado no terminaron. En el fondo está lo mismo: acoso por quitarles las tierras, por moverlos por el país a voluntad y por persuadirlos de no quejarse. Los líderes son solo personas del común cansadas de la misma situación: ser sacados de sus territorios, o ser amenazados y asesinados para quitárselos por la fuerza.

Obviamente nadie saldría de su casa sin razón, solo para cederla a alguien que quiere hacer un hotel o quiere poner vacas. Eso es lo que pasa. Los líderes son personas que se han dado cuenta que muchos hacendados y empresarios no son ricos por «su trabajo», sino por usar la fuerza para enriquecerse sea a través de los despojos, sea a través de presiones violentas. La formula «me vende o le compro a la viuda» resume en parte la naturaleza de este problema. Muchas personas ricas en Colombia se han enriquecido despojando. Y los líderes han cometido el pecado no solo de darse cuenta, sino de oponerse y denunciarlo. Por eso los matan. Por decir que el rey va desnudo.

A nosotros, que no nos han robado de modo tan directo [lo hacen de forma más sutil, con el 4 por mil por ejemplo] nos resulta difícil entender que esto sea verdad, que esta situación se haya prolongado por tanto tiempo. Pero al menos yo, decidí preguntarle a mis papás y abuelos por qué habían dejado sus pueblos de nacimiento. Hay historias de terror en esas experiencias, cada quién puede hacer la prueba con sus mayores. De cierta forma quienes somos hijos de personas venidas del campo también somos desplazados. Pero la memoria nos ha sido robada. Nos han mentido con fabulas de amenazas terroristas y nos han engañado con castrochavismos. Sufrimos 8 años de oscurantismo y llevamos al menos 20 de un insidioso negacionismo del conflicto armado. Una estrategia de borrar y reescribir la historia.

A la fecha han sido asesinados 274 líderes sociales desde la implementación de los acuerdos de La Habana, de acuerdo con el portal Pacifista [7]. Pese a que, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos [la misma que el uribismo pidió cerrar] ha señalado la SISTEMATICIDAD de estos asesinados [es decir, la forma en que se cometen, el tipo de víctima, las características del territorio y la temporalidad] el gobierno en cabeza del señor Iván Duque continúa negando estos hechos, habida cuenta que durante el gobierno Santos el ministro de Defensa habló de «líos de faldas» refiriéndose a que se trata de hechos asilados. No existe un plan para proteger a los líderes sociales y tampoco es un tema que tenga relevancia en la agenda de un gobierno cuya línea se orienta por la «destrucción» de los acuerdos de paz con el propósito de continuar una guerra sin sentido solo para arrogarse la satisfacción de haberla ganado.

Cierto es que los asesinatos de los líderes sociales se producen en zonas del país que se encuentran muchas veces en una disputa histórica entre diferentes actores dispuestos a matar para defender sus intereses económicos por encima de la vida de las comunidades que las habitan. Tanto Bandas Criminales, grupos paramilitares no desmovilizados, disidencias de las FARC, el ELN y grupos de narcotraficantes emplean la violencia para apropiarse de corredores de transporte de drogas, de tierras de cultivo de coca y de zonas de minería ilegal entre otros. Pero lo que fue cierto en 1960 sobre los despojos de tierra sigue siendo cierto hoy, y los sucesivos gobiernos no han hecho nada significativo por detener esta dinámica violenta.

Termino este escrito, que inició como un hilo en mi cuenta de twitter, mencionando que muchos elementos se quedan fuera de este corto relato. No pretendo saberlo todo, pero considero que es fundamental luchar contra el olvido, la reescritura de la historia y el negacionismo del conflicto armado, y que esta primera entrada de mi blog es parte de esa resistencia fundamental que busca acompañar a los líderes en su lucha, no dejarlos solos.

Itzamar Cherbonneau

Fuentes:

[1] Palacios, Marco, (2011), ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Bogotá, Facultad de Administración, Universidad de Los Andes/ Fondo de Cultura Económica.

[2] Tierras : balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico / Centro Nacional de Memoria Histórica, Alejandro. Reyes Posada ; fotografía Camilo Ara. — Bogotá : Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2018.

[3] ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe General Grupo de Memoria Histórica, 2010.

[4] Tierras : balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico / Centro Nacional de Memoria Histórica, Alejandro. Reyes Posada ; fotografía Camilo Ara. — Bogotá : Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2018.

[6] Detrás de la guerra en Colombia. Ariel Ávila. Planeta, 2019.

[7] Portal Pacifista. Contador de líderes sociales asesinados. https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/